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elEconomista Inmobiliaria 06 febrero 2019

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Inmobiliaria 11 elEconomista OPINIÓN las casas unifamiliares. En el ámbito autonómico, la exigencia de presentación de una declaración responsable de inicio de la actividad, que la vivienda esté amueblada o la inscripción de la vivienda en un registro administrativo -la reciente sentencia del TS de 10 de diciembre de 2018 entiende que esto no supera el test de proporcionalidad y que no se debe exigir-, son aspectos en los que coinciden todas las normas pero, a partir de ahí, existen diversas formas de afrontar aspectos tales como las condiciones de la prestación del servicio, régimen de derechos y obligaciones de los usuarios y explotadores, o los servicios de inspección y régimen sancionador. En el seno de las comunidades de propietarios también se están generando conflictos de convivencia, al entender que este tipo de actividad produce mayores molestias a los vecinos y un mayor desgaste de las zonas comunes. La doctrina de nuestros Tribunales -v. gr. La sentencia de la AP Barcelona de 27/12/2017- ha determinado que no se puede limitar este uso a propietarios que adquirieron sin limitación alguna, por lo que los acuerdos de las comunidades de vecinos en este sentido, que deben ser adoptados por unanimidad, no se pueden aplicar retroactivamente. El fallido Real Decreto-Ley 21/2018, sobre alquiler, derogado recientemente, introducía medidas restrictivas para la implantación de estas actividades, rebajando a 3/5 la mayoría cualificada necesaria y estableciendo la posibilidad de imponer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes. Otro aspecto a tener en cuenta es la seguridad. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana exige a establecimientos de hospedaje la identificación de huéspedes y su comunicación a las autoridades, que no se realiza en el caso de viviendas turísticas. En cuanto al control fiscal, el Real Decreto 1070/17, de 29 de diciembre de 2017, introdujo nuevas obligaciones de información periódica trimestral a la AEAT para las plataformas digitales que intermedian en el arrendamiento de viviendas con fines turísticos en España -como prestador de servicios de la información-, a través del modelo 179. De esta forma, a través de las plataformas digitales, Hacienda inspecciona a potenciales contribuyentes. En definitiva, la aparición de este nuevo sector de actividad genera una serie de conflictos sociales y económicos para los que no existen herramientas normativas trasversales a nivel nacional que den una respuesta unitaria, al margen del territorio donde se localicen y de los aspectos varios a regular, al ser la competencia legislativa de arrendamientos del Estado; la del turismo en su ámbito territorial de las Comunidades Autónomas; y la de las condiciones de uso y otorgamiento de licencias a los Ayuntamientos. Y todas ellas, en consonancia con las normas de libre competencia aplicando los principios del libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio reconocidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva Comunitaria 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006. Sería oportuno que se convocara una mesa de coordinación turística y que, fruto de la cooperación de todas las Administraciones, sector empresarial y vecinos se consiguiera una armonización normativa que regulara de forma homogénea el fenómeno de las viviendas turísticas en todo el territorio nacional. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadama exige a estos establecimientos de hospedaje la identificación de sus húespedes y su comunicación a las autoridades, y esto no se realiza en las viviendas turísticas Antonio Ñudi y Jorge Ortiz Departamento de Derecho Público y Regulatorio de Andersen Tax & Legal

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