Iuris & Lex

Iuris 08 enero 2016

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47 IURIS&LEX 8 ENERO 2016 C uando se produce un divorcio, en muchas ocasio- nes se llegan a acuerdos entre partes, tanto en cuanto a las medidas personales como de contenido económico, mediante la firma de un contrato de fami- lia, esto es un convenio regulador que luego es ratifica- do judicialmente y se convierte en sentencia desple- gando todos sus efectos. En cuanto a las medidas personales, fundamental- mente las relativas a los hijos menores, éstas deben estar sometidas al orden público. Esto significa que los pactos que puedan alcanzar las partes respecto a sus hijos menores quedan sometidos a la aprobación judi- cial, que puede modificar dichos pactos en contra de la voluntad de los padres si fuera perjudicial para los me- nores, limitando en este sentido la autonomía de la vo- luntad. En caso de no ser perjudiciales, dichos pactos son vinculantes. En oposición a lo anterior, las medidas patrimoniales, o de orden económico, se rigen por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, siendo los pactos patrimoniales vinculantes entre ellas, con la limitación de cualquier otro contrato, la ley, la moral y el orden público. Y así, en el convenio regulador se establecen estos dos tipos de medidas, pudiendo ocurrir que las me- didas de carácter personal no sean aprobadas judicialmente y modificadas, si bien las medidas de carácter patrimonial sí puedan serlo. Es por ello que en muchas ocasiones y al estar íntima- mente relacionadas unas medidas con otras, suele establecerse como cautela una cláusula por la cual si las medidas de carácter personal no fueran aprobadas, los demás pactos quedarían sin eficacia alguna, con el fin de evitar perjuicios económicos a una de las partes. Un ejemplo de lo expuesto son los pactos que pueden alcanzarse en cuanto a la pensión compen- satoria o bien la liquidación de la sociedad de gananciales en el propio convenio regulador, los cua- les y aunque no sean ratificados judicialmente despliegan la eficacia de todo contrato con su firma. La reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo, viene a reiterar la doctrina emanada en cuanto a la validez y eficacia de los pactos alcanzados por las partes, y en concreto en cuan- to a la pensión compensatoria, sometida a la autonomía voluntad de las partes. Esta sentencia analiza la validez y eficacia del pacto alcanzado entre cónyuges en un convenio regulador, en el cual se estableció una pensión compensatoria a favor de la esposa durante el plazo de diez años. El esposo conocía a la firma y ratificación del Convenio al momento de la separación, que la es- posa convivía con otra persona, de la cual estaba embarazada. A pesar de ello, la Audiencia Pro- vincial de Madrid y en el procedimiento de divorcio, consideró que dicho pacto contravenía el ar- tículo 101 del Código Civil que prevé la extinción de la pensión por la convivencia marital de su acreedor con otra persona. El Supremo anula lo dispuesto por la Audiencia, indicando que la pensión compensatoria es un derecho disponible por la parte, es decir, tiene que ser solicitada por expresa petición y ade- más puede renunciarse a ella al estar regida por la au- tonomía de la voluntad, siendo los pactos establecidos entre cónyuges plenamente vinculantes, al adoptarse en virtud del interés de la persona y su propia volun- tad, siempre que no sean contrarios, como ya hemos dicho, a la ley, la moral o al orden público. Es cierto que si dicha pensión compensatoria se hubiera establecido por decisión judicial en la senten- cia de separación y al momento de solicitarse el divor- cio, hubiera quedado probado que el esposo no tenía conocimiento de la convivencia marital de su enton- ces esposa con otra persona. De este modo el citado artículo 101 le hubiera permitido al esposo solicitar la extinción de la pensión, conforme al citado precepto, como así ha declarado la jurisprudencia en numero- sas ocasiones. Ahora bien, lo que se analiza es un su- puesto diferente, y si los pactos alcanzados entre las partes en un convenio regulador de sepa- ración son válidos y vinculantes en el proceso posterior de divorcio, o bien debe aplicarse lo dis- puesto en el Código Civil respecto a su extinción cuando existe convivencia marital con otra per- sona. Conforme ha señalado nuestra jurisprudencia, ambos procesos, el de separación de mutuo acuerdo y el de divorcio contencioso, son procesos autónomos, si bien, es necesario tener en cuenta que los pactos alcanzados en el procedimiento de separación vinculan al posterior mo- mento de divorcio porque responden a la voluntad de las partes al momento de realizar este ne- gocio jurídico. En este punto es donde se encuentra la importancia de la doctrina sentada por la sentencia que comenta- mos, al establecer el Tribunal Supremo que dichos pac- tos son plenamente válidos y vinculantes en virtud de la libertad de contratación entre los interesados, supo- niendo su anulación el quebrantamiento del principio de autonomía de la voluntad de la libertad de los actos propios. De este modo, la reciente sentencia reitera la liber- tad de los cónyuges en los pactos alcanzados en el Con- venio Regulador, y desde mi punto de vista el necesario conocimiento de lo que se está firmando y las conse- cuencias jurídicas que pudieran desplegarse, porque no deja de ser un contrato entre partes, de obligado cum- plimiento, el cual además se convierte en sentencia ju- dicial y por tanto despliega todos sus efectos. Los acuerdos patrimoniales en un convenio de divorcio Conforme nuestra jurisprudencia, los procesos de separación de mutuo acuerdo y de divorcio contencioso son autónomos Hay que tener en cuenta que los pactos alcanzados en la separación vinculan al posterior momento de divorcio POR PALOMA ZABALGO Socia directora del despacho Paloma Zabalgo Cuando se produce un divorcio, en muchas ocasiones se llegan a acuerdos entre partes, tanto en cuanto a las medidas personales como de contenido económico, mediante la firma de un contrato de 'familia', esto es un convenio regulador que luego es ratificado judicialmente y se convierte en sentencia desplegando todos sus efec- tos.En cuanto a las medidas personales, fundamentalmen- te las relativas a los hijos menores, éstas deben estar sometidas al orden público. Esto significa que los pactos que puedan alcanzar las partes sobre sus hijos menores quedan sometidos a la aprobación judicial, que puede modificar los pactos contra la voluntad de los padres. El Tribunal Supremo establece que dichos pactos son ple- namente válidos y vinculantes en virtud de la libertad de contratación entre los interesados, suponiendo su anula- ción el quebrantamiento del principio de autonomía de la voluntad de la libertad de los actos propios. De este modo, la reciente sentencia reitera la libertad de los cónyuges en los pactos alcanzados en el Convenio Regulador, y desde mi punto de vista el necesario conocimiento de lo que se está firmando y las consecuencias jurídicas que pudieran des- plegarse, porque no deja de ser un contrato entre partes, de obligado cumplimiento, el cual además se convierte en sentencia judicial y por tanto despliega todos sus efectos. [A fondo] GETTY

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