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elEconomista Comunitat Valenciana 26 febrero 2016

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Comunitat Valenciana 25 OPINIÓN comunicación propio y público. Una dicotomía nada fácil. No obstante, creo que pueden existir otras posibilidades. Como he dicho en el párrafo anterior, ese rechazo es en "términos generales" -en Derecho, la clave siempre está en los detalles-. La normativa antedicha solamente obliga a mantener la relación laboral a aquellos trabajadores que tuvieran el contrato vigente en el momento de la sucesión de empresas. Por ello, si se considera que la extinción de los contratos -el último ERE que se realizó por acuerdo- es válida, la nueva empresa podría disponer de los trabajadores que considerara; mismos trabajadores o diferentes; mismo número o menor. Con ello, podría dar efecto a lo establecido en la ya aprobada Ley de les Corts Valencianes para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, donde se establece, expresamente, que "se deberá tener en especial consideración la experiencia acumulada y el sistema de acceso del personal al servicio de la antigua RTVV". En definitiva, todo parece depender de la resolución en la Audiencia Nacional del recurso interpuesto por el sindicato CGT -el único que no firmó el acuerdo del último ERE-. Resolución que no llegará hasta que se resuelva -o el PSOE retire- el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cierre del ente valenciano aprobada en la pasada legislatura por el Partido Popular. A toda la complejidad e incertidumbre vista hasta ahora se debe sumar una más. Los Tribunales defienden que, aunque las extinciones contractuales se realizaran válidamente, si se hicieron ocultando la intención de reapertura de la empresa se considerarían los despidos realizados en fraude de ley y todos los trabajadores tendrían de nuevo derecho a la reincorporación. Ello implica que, incluso aunque la Audiencia Nacional considerara que el ERE se realizó válidamente, posteriormente, los trabajadores podrían volver a intentar hacer valer su derecho al reingreso basándose en hechos nuevos: en este caso el hecho de la apertura de una nueva RTVV. Vistas las incertidumbres y complejidades legales no es de extrañar que exista cautela en el Gobierno valenciano ante la reapertura. No obstante, lo que no parece tan lógico es que en la comisión de expertos que realizó el informe sobre cómo debería ser la nueva RTVV no hubiera presente ningún jurista, en general, ni ningún experto en Derecho laboral. Un hecho cuyas consecuencias saltan a la vista. El informe presentado ante les Corts dice que la selección de los nuevos trabajadores ha de estar abierta a cualquier profesional con méritos, pero "ha de reconocer los derechos laborales, profesionales y morales de los extrabajadores de la antigua RTVV". Una conclusión que podríamos llamar políticamente correcta, pero que es incompatible en sus propios términos y que, en cualquier caso, no depende de las cortes valencianas, sino de la legalidad laboral. En fin, el problema de los antiguos trabajadores parece como el gran elefante en la habitación del que nadie quiere hablar y que se espera que se solucione por sí solo. Sin embargo, el desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores fue la causa anunciada del cierre del ente. No dudamos de que el nuevo Gobierno valenciano habrá aprendido la lección. La Generalitat está intentando levantar una muralla jurídica que separe la antigua y la nueva empresa, para evitar que haya comunicación entre las plantillas y las deudas de una y otra sociedad Adrian Todolí Doctor en Derecho y economista. Profesor investigador en Derecho del Trabajo en la Universitat de les Illes Balears

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