Iuris & Lex

Iuris 11 marzo 2016

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83 IURIS&LEX 11 MARZO 2016 E n la Roma Imperial, hace más de veinte siglos, la tutela como institución creada para proteger a los impúberes, empezó a independizarse de la familia. Dos mil doscientos años después, la historia se repite. El código civil español reprodujo, por influencia france- sa, el sistema de tutela de familia para hacer frente a las necesidades de atención de aquellos que habían sido judicialmente incapacitados por formar parte del elenco, tan peyorativo como jurídicamente inapropiado, de los locos, dementes, pródigos y sordomudos, que quedarían al cuidado de un consejo de familia, institución central de un sistema de tutela que nunca llegaría a funcionar ade- cuadamente. En el último tercio del siglo pasado, los cambios socioeconómicos y la consolidación del modelo de reha- bilitación en la atención a la discapacidad, harían necesaria una profunda modificación de las insti- tuciones de guarda y protección de la persona. Así, la tutela y la curatela se convirtieron en ejes centrales del sistema de protección jurídica de adul- tos, sustituyendo el control familiar por el del juez y dando entrada a los tutores profesionales, entida- des públicas y privadas, sin ánimo de lucro, que se encargarían de la atención a estas personas por inexistencia o inidoneidad de los familiares. Sin embargo, quedaba pendiente una reforma. El abismo que separaba la letra de la ley de la práctica, provocó que las instituciones de protección fuesen percibidas socialmente como sinónimo de pérdida de derechos. No ayudó a corregirlo el Tribunal Supremo con sentencias en las que calificó la incapacitación de muerte civil. La consolidación de una terminología inapropiada en la que los términos incapaz o incapacitado se han utilizado en detrimento de la dignidad de la persona, no ha hecho sino profundizar esta per- cepción social negativa. La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, supo- ne un punto de inflexión que provoca el paso definitivo del modelo de rehabilitación al modelo social de atención a la discapacidad. Al situar a la persona en el centro del sistema, y el respeto de su dig- nidad como principio esencial, obliga a realizar una revisión crítica del modelo español. Pero no es tarea fácil. El texto de la Convención, negociado y ratificado de forma inaudita sin ape- nas previa consulta e intervención de juristas españoles, contiene una norma referente al ejercicio de la capacidad jurídica que incide de lleno en el sistema de protección jurídica de adultos. La interpretación del texto internacional ha ocasionado fuertes tensiones, en el ámbito, doctrinal, judicial, asociativo y profesional, entre dos alternativas: la que aboga por suprimir el sistema de tute- la y sustituirlo por otro llamado de "apoyos" y el que considera que el sistema vigente, debidamen- te reformado, es compatible con los objetivos y principios de la Convención. Al margen de posturas irresponsables, aunque puedan parecer antagónicas, las diferentes pro- puestas no están muy alejadas entre sí, si conseguimos tomar distancia y superar el atrinchera- miento terminológico en el que algunos se han situado. Existen numerosos puntos de encuentro y consenso. Entre ellos, que el eje central del sistema de protección del adulto no va a ser la familia. Tampoco el juez, sino la propia persona con discapacidad que, por diversas vicisitudes persona- les, ha sido objeto de una singular protección jurídica. A partir de ella debemos empezar a construir un sistema que permita derribar las estructuras que han ignorado sus derechos. Se trata de un tema de enorme trascendencia social, en el que está en juego qué sociedad queremos para el futuro porque toda sociedad debe ser juzgada por cómo trata a los más vulnerables. Por ello, es esencial crear foros de reflexión y análisis en los que participen todos los actores implicados: aso- ciaciones, fundaciones tutelares, jueces, fiscales, aboga- dos y profesores expertos en la materia. Este es el objetivo del Congreso Internacional sobre Buenas prácticas en el ejercicio de las medidas de pro- tección de adultos que Fundación Manantial y la Universidad Rey Juan Carlos organizaron en Madrid los días 18 y 19 de febrero: crear un debate serio y respon- sable que permita avanzar hacia un sistema de protec- ción centrado en el respeto de la dignidad y la autonomía de la persona protegida. Tutela, protección en dignidad Es un tema de enorme trascendencia, porque toda sociedad debe ser juzgada por cómo trata a los más vulnerables Es esencial crear foros de reflexión con todos los implicados: asociaciones, jueces, fiscales, abogados, profesores, etc. POR MONTSERRAT PEREÑA Y JAVIER PALLARÉS Profesora Civil Univ. Rey Juan Carlos y director de Tutela Fun. Manantial En la Roma Imperial, hace más de veinte siglos, la tutela como institución creada para proteger a los impúberes, empezó a independizarse de la familia. Dos mil doscientos años después, la historia se repite. El código civil español reprodujo, por influencia francesa, el sistema de tutela de familia para hacer frente a las necesidades de atención de aquellos que habían sido judicialmente incapacitados por formar parte del elenco, tan peyorativo como jurídicamente inapropiado, de los locos, dementes, pródigos y sordomu- dos, que quedarían al cuidado de un consejo de familia, institución central de un sistema de tutela que nunca llegaría a funcionar adecuadamente. Se trata de un tema de enorme trascendencia, en el que está en juego qué sociedad queremos para el futuro porque toda sociedad debe ser juzgada por cómo trata a los más vulnerables. Por ello, es esencial crear foros de reflexión y análisis en los que participen todos los actores implicados. Este es el objetivo del Congreso Internacional sobre Buenas prácticas en el ejercicio de las medidas de protección de adultos que Fundación Manantial y la Universidad Rey Juan Carlos organizaron en Madrid los días 18 y 19 de febrero: crear un debate serio y responsable que permita avanzar hacia un sistema de protección centrado en el respeto de la dignidad y la autonomía de la persona protegida. [A fondo] EE

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