Iuris & Lex

Iuris 10 marzo 2017

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108 IURIS&LEX 10 MARZO 2017 L a sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16.02.2017 (Asunto C-641/15) ha supuesto un nuevo e inesperado giro en la concepción del acto de comunicación pública desde la perspectiva del Derecho de autor. Los hechos enjuiciados son los siguientes: una socie- dad de gestión de derechos de propiedad intelectual de las entidades de radiodifusión demanda a un estableci- miento hotelero reclamándole una cantidad por las emi- siones que hacen accesibles a los huéspedes. El fundamento legal se encontraba en diversos pre- ceptos legales que otorgan a dichas entidades el derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación pública que se haga en un establecimiento cuando la entrada al mismo esté sujeta al pago de una cantidad de dinero. Nótese que la cuestión a decidir no es tanto en relación con las emisiones que puedan tener lugar en 'lugares públicos' o 'accesibles al público' -p.e. estancias comunes, comedores, 'hall' de entrada-. Más bien, lo que se plantea al Tribunal de Justicia es si ese derecho de exclusiva reconocido legalmente a favor de las entidades de radiodifusión, sometido, no se olvide, al pago de 'un precio de entrada en el local donde tenga lugar el acto de comunicación', puede ejercerse en los casos en que un estableci- miento hotelero facilite a sus huéspedes en sus habitaciones emisiones protegidas por un derecho de propiedad intelectual. Antes de entrar en el análisis concreto de esta sentencia, debemos indicar que el derecho exclu- sivo al que estamos haciendo referencia está reconocido, con una u otra literalidad, tanto en el Convenio Internacional de Roma de 1961 de artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fono- gramas y entidades de radiodifusión, como en el artículo 8.3 de la Directiva 2006/115/CE, así como, por virtud de la debida transposición legal, en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En nuestro país, habría que acudir al art. 126 de la Ley de Propiedad Intelectual. Por consiguiente, la pregunta a responder es: ¿debe interpretarse esta norma, que viene a reco- nocer un derecho exclusivo a las entidades de radiodifusión en el sentido de que cualquier pago efec- tuado por entrar en el establecimiento donde tenga lugar la comunicación legitima a dicha entidad para autorizar o prohibir el referido acto de comunicación, o debe entenderse que el ejercicio de ese derecho exclusivo solo entra en juego cuando el fin perseguido con el pago es tener acceso específi- co a la emisión de que se trate? Las consecuencias de optar por una u otra interpretación son más que evidentes. En el primer caso, la causa del pago es irrelevante, pudiendo asimilarse a la misma cualquier desembolso efectuado, siendo lo determinante dicho pago al margen de cualquier intención con que el pago se haya hecho. Así, podría fácilmente argüirse que el pago de una consumición al entrar en un bar, o el pago del alquiler de una habitación de un hotel integran o cumplen este requisito legal, permitiéndose así al titular de derechos -en este caso, la entidad de radiodifusión- prohibir -o autorizar- al establecimiento en cuestión que proceda a hacer accesible la emisión o transmisión protegida al público que se encuentre en su interior. Por el contrario, si se decide que es más convincente la segunda tesis, tendremos que el derecho exclusivo de prohibición solo va a poder ejercerse cuando la causa del pago sea la intención específica de acceder al contenido del acto de comunicación que el establecimiento va a faci- litar al sujeto pagador. Consecuentemente, el campo de aplicación quedaría sensiblemente más restringido en este segundo caso, puesto que la entidad de radiodifusión solo podría dirigir- se frente al establecimiento cuando quedase acreditado que el precio por entrar al establecimiento ha sido abona- do específicamente para acceder al contenido visual o audiovisual facilitado. La sentencia del Tribunal de Justicia, con base en los documentos preparatorios de la Convención de Roma de 1961, concluye que la interpretación prevalente debe ser la segunda. Así, con base en dichos documentos, señala el Alto Tribunal que el precio de alquiler de una habi- tación no incluye como prestación principal el acceso a una obra o prestación protegida por un dere- cho de propiedad intelectual. Antes bien, el concepto de precio de entrada se corresponde con un pago específicamente desti- nado a recibir una comunicación pública de una emisión de televisión, por lo que el hecho del pago por una bebida o comida en un restaurante o en un bar donde se hacen accesibles emisiones de televisión no debe ser considerado como circunstancia que satisfaga el requisito del pago de un «pre- cio de entrada» en el sentido legal del término. En cualquier caso, el Tribunal deja a salvo la doctrina sentada en su sentencia de 07-12-2006 (Asunto C- 306/05), según la cual, el hecho de hacer accesibles obras o prestaciones protegidas en habitaciones de hotel constituye un acto de comunicación pública en el sentido del Derecho de autor. Nos preguntamos, sin embargo, y más teniendo en cuenta el concepto de público por el que el Tribunal se ha decantado en casos anteriores --p.e. S. 13.02.2014, Caso Svensson, Asunto C-466/12, entre otros-, si el con- cepto de comunicación pública está siendo reorientado de forma asimétrica en función no tanto del elemento subjetivo -a quién se hace accesible, una pluralidad de personas-, sino del elemento estructural -el modo en el que se hace accesible-. Inesperado giro en la concepción de la 'comunicación pública' La prohibición solo podrá ejercerse cuando la causa de pago sea la intención de acceder al contenido de la comunicación Nos preguntamos si el concepto de 'comunicación pública' está siendo reorientado de forma asimétrica POR JOSÉ CARLOS ERDOZAIN Director Asesoría Jurídica PONS IP La sentencia del TJUE ha supuesto un inesperado giro en la concepción del acto de comunicación pública desde la perspectiva del Derecho de autor. Los hechos enjuiciados son los siguientes: una sociedad de gestión de derechos de propiedad intelectual de las entidades de radiodifusión demanda a un establecimiento hotelero reclamándole una cantidad por las emisiones que hacen accesibles a los huéspedes. El fundamento legal se encontraba en diversos preceptos legales que otorgan a dichas entidades el dere- cho exclusivo de autorizar cualquier comunicación pública que se haga en un establecimiento cuando la entrada al mismo esté sujeta al pago de una cantidad. El Tribunal deja a salvo la doctrina sentada en su sentencia de 07-12-2006, según la cual, el hecho de hacer accesi- bles obras o prestaciones protegidas en habitaciones de hotel constituye un acto de comunicación pública en el sentido del Derecho de autor. Nos preguntamos, sin embargo, y más teniendo en cuenta el concepto de público por el que el Tribunal se ha decantado en casos anteriores, si el concepto de 'comunicación pública' está siendo reorientado de forma asimétrica en función no tanto del elemento subjetivo -a quién se hace accesible, una pluralidad de personas-, sino del elemento estructural -el modo en el que se hace accesible-. [A fondo] GETTY

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