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Iuris 13 octubre 2017

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68 IURIS&LEX 13 OCTUBRE 2017 L a sociedad cambia a una velocidad tan alta que resulta imposible legislar a su ritmo. Entiendo que buscar soluciones justas a problemas nuevos en tiem- po récord es complicado, pero lo que no puede hacer- se es optar por la salida más fácil que consiste en prohi- bir todo aquello que molesta o levanta suspicacias, sobre todo cuando algún lobby considera que se ataca a sus intereses. Pues, precisamente eso, es lo que se está haciendo últimamente. Veamos: Uber, alquiler vacacional, autoproducción eléctrica… la solución tomada por nuestros legisladores, que creo honesta- mente deberían de revisar sus conocimientos jurídicos, es la prohibición o la regulación tan exhaustiva que viene a ser lo mismo. Tras analizar la Ley de Turismo Balear llego a la con- clusión, una vez más, que estos señores no se han leído ninguna directiva comunitaria. Me pre- gunto si no se darán cuenta que, tarde o temprano, una norma que restringe las facultades de los particulares de hacer con sus viviendas lo que deseen, puede ser declarada inconstitucional. Una lectura sencilla y sin ahondar mucho, me hace reflexionar sobre los siguientes plantea- mientos: Cada autonomía puede hacer lo quiera. Eso significa que quien haya comprado una segunda residencia en Albacete, en Canarias o en Asturias tendrá, en función de su localidad, uno u otro problema. ¿Se llama eso agravio comparativo? Competencia ya ha avisado sobre la inconstitu- cionalidad de esta situación. Existe un sistema inquisitorio o zonificación, como se le denomina eufemísticamente, que no es otra cosa que una intervención disfrazada, por la que el Consejo Municipal de un ayuntamiento puede decidir el futuro de los ingresos a percibir en concepto de alquiler. Hay una clara ignorancia sobrevenida. La norma nos hace volver al siglo XIX, ya que prohíbe cualquier alquiler que se haya contratado vía Internet, el canal de comunicación que utiliza casi el 100 por ciento de los españoles y el resto del mundo. Eso quiere decir que si usted desea alqui- lar su vivienda ha de volver al cartel en la ventana. Entiendo que esto se realiza para que a la fies- ta del turismo sólo estén invitados algunos actores. Una sociedad y un país como éste, cuya industria principal es el turismo, no se puede permi- tir una regulación prohibitoria. Los políticos deben esforzarse en argumentar una regulación que premie a la calidad y penalice la falta de la misma, todo lo demás está abocado al fracaso. Por si alguien lo ha olvidado, España es el país del Lazarillo de Tormes, donde siempre se saca posi- bilidad a lo imposible. Desde un punto de vista exclusivamente jurídico, las regulaciones que restringen la economía colaborativa tienen sus días contados y van en contra de la tendencia mundial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado, a instancias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), varios artículos de la regulación de viviendas vacacio- nales del archipiélago por vulnerar la libre competencia. Algunos de los preceptos anulados son: la prohibición de que existan viviendas vacacionales en las zonas turísticas o de uso mixto y la prohibición del alquiler por habitaciones de forma separada. Se trata de la segunda sentencia, a la que entiendo los creadores de las normas turísticas de Baleares no han dado importancia alguna, en la que se estiman los argumentos de la CNMC, tras la negativa del Gobierno de Canarias a modificar los artículos correspondientes. Este orga- nismo consideró que la regulación de las viviendas vacacionales introducía numerosos obstácu- los al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado, en perjuicio del bienestar de los ciu- dadanos. Además mostraba en un informe, cómo la entrada en el mercado de las viviendas vaca- cionales estaba dinamizando el alojamiento turístico en las Islas Canarias de forma considera- ble, con una mayor variedad en la oferta, precios más eficientes y mejor calidad en los servicios. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha pronunciado sobre la cuestión y ha estimado las principales reivindicaciones de la CNMC, anulando por sentencia los siguientes preceptos. Anula la prohibición de que existan viviendas vacacionales en las zonas turísticas o de uso mixto. Además, las excluía de las zonas donde se localizan los hoteles y los apartamentos. Para el Tribunal, la prohibición infringe la libertad de empresa, ya que no ve sentido a la exclusión de viviendas vacacionales en ámbitos donde debe localizarse preferentemente la actividad turísti- ca. La única explicación que le encuentra, en consonancia con el análisis de la CNMC, es la de favorecer a los operadores turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en estas zonas. Anula el artículo que prohibía el alquiler por habitaciones de forma separada por lesionar la competencia. Según el Tribunal, la prohibición no está justificada y lo único que persigue, de manera evidente, es evitar que se ofrezca en el mercado un producto que, por su mejor precio, compita con los del alojamiento hotelero. Suprime la obligación de inscripción en un Registro pre- vio al inicio de la actividad. El Decreto no permitía el inicio de la actividad de alojamiento hasta que la vivienda, una vez presentada la declaración res- ponsable, no estuviera inscrita en el Registro por la Administración autonómica. En resumen, todas esta suerte de limitaciones regu- latorias y prohibitorias que estamos viviendo desde que los gobiernos populistas han entrado en la esfera pública, infringen la libertad de empresa, limitando la oferta turística sin justificación suficiente. Está claro que las autonomías tienen su propia capacidad norma- tiva, pero deben buscar soluciones justas en las que para salvaguardar los derechos de una de las partes implicadas en este proceso, no se lesionen los de la otra. Al final, le tocará a los tribunales de Justicia deter- minar la validez de esas normas, como ya está ocu- rriendo, y algunos todavía se sorprenderán de que las anulen o declaren inconstitucionales. Restricción de derechos económicos individuales: alquiler vacacional La regulación que restringe la economía colaborativa tiene sus días contados, pues va en contra de la tendencia mundial La CNMC no ve sentido a la exclusión de viviendas vacacionales en zonas donde se localice con preferencia la actividad turística POR MARCELINO TAMARGO Fundador y director del despacho Espacio Legal La sociedad cambia a una velocidad tan alta que resulta imposible legislar a su ritmo. Entiendo que buscar solucio- nes justas a problemas nuevos en tiempo récord es compli- cado, pero lo que no puede hacerse es optar por la salida más fácil que consiste en prohibir todo aquello que moles- ta o levanta suspicacias, sobre todo cuando algún 'lobby' considera que se ataca a sus intereses. Precisamente eso, es lo que se está haciendo últimamente: Uber, alquiler vacacional, autoproducción eléctrica. La solución tomada por nuestros legisladores, que creo honestamente debe- rían revisar sus conocimientos jurídicos, es la prohibición o la regulación tan exhaustiva que viene a ser lo mismo. Todas esta suerte de limitaciones regulatorias y prohibito- rias que estamos viviendo desde que los gobiernos populis- tas han entrado en la esfera pública, infringen la libertad de empresa, limitando la oferta turística sin justificación suficiente. Está claro que las autonomías tienen su propia capacidad normativa, pero deben buscar soluciones justas en las que para salvaguardar los derechos de una de las partes implicadas en este proceso, no se lesionen los de la otra. Al final, le tocará a los tribunales de Justicia determi- nar la validez de esas normas, como ya está ocurriendo, y algunos todavía se sorprenderán de que las anulen o declaren inconstitucionales. [A fondo]

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