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Iuris 08 diciembre 2017

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74 IURIS&LEX 8 DICIEMBRE 2017 D ispone el artículo 1.301 CC: "La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr en los casos de error, dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato". Con esta claridad define nuestro código civil la cadu- cidad de la acción. Sin embargo, llevadas por un ánimo esquivatorio, observamos cómo en los últimos tiempos, muchas entidades intentan desviar la atención de algu- nos jueces y magistrados -como siempre los más conser- vadores jurídicamente- llevándoles a opinar que la cadu- cidad comenzará a contar desde que el cliente de la enti- dad financiera tuvo conocimiento del error. Y yo me pre- gunto: ¿dónde puede leerse eso en ese artículo? Juzguen ustedes. Es de juristas recordar que el contrato tiene un ciclo vital impuesto por la existencia de voluntades dis- tintas y por el cumplimiento de sus requisitos esenciales. Las fases de ese ciclo son: la generación, la perfección y la consumación. Esta última es el cumplimiento del fin del contrato, es decir: la realiza- ción de las prestaciones -todas-. Así, los contratos de tracto único quedan agotados en una prestación y se extinguen; mientras que en los contratos de tracto sucesivo, la consumación se prolonga en el tiempo y el contrato no se extingue hasta la realización de la última prestación. Es lo que ponen de relieve, por un lado la STS de 11 de junio de 2003, cuando expresa que el cómputo se produce a partir de la consuma- ción del contrato, o sea, una vez cumplidas todas las obligaciones -sentencias, entre otras, de 24 de junio de 1897 y 20 de febrero de 1928- y por otro, la sentencia de 27 de marzo de 1989 que pre- cisa que "el artículo 1301 del Código Civil señala que en los casos de error o dolo la acción de nuli- dad del contrato empezará a correr desde la consumación del contrato". Este momento de la "con- sumación" no puede confundirse con el de la perfección del contrato, pues sólo tiene lugar cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes, criterio que se manifiesta igual- mente en la sentencia de 5 de mayo de 1983, en un supuesto de precio aplazado. A mi modo de ver está bastante claro, pero como parece que la jurisprudencia lo aguanta todo, incluyendo los trucos de algunos abogados que citan sólo las frases de las sentencias que les inte- resan sin profundizar en el caso concreto, en el último año hemos tenido que leer en el despacho algunas sentencias que nos dejan boquiabiertos porque hacen interpretaciones de lo que no dice la ley. Lo que no sé decirles es por qué. Quizá una suerte de rebelión sobre dar la razón a los con- sumidores y empresas que reclaman la nulidad de los abusos bancarios. No se puede entender, al menos yo no lo puedo entender, cómo un servidor de la justicia considera esto justo. Quizá sea una justicia superior a la que aún no he llegado. Y todo esto pese a que, frente a esta posición, el Supremo mantiene la doctrina de sentencias anteriores, que indican que la consumación del contrato -momento a partir del cual, según el artí- culo 1301 del CC, empiezan a correr los cuatro años para reclamar- tiene lugar cuando están com- pletamente cumplidas las prestaciones por ambas partes y el fundamento de derecho 5a de la STS de 12 de enero de 2015, lo clarifica y amplía al indi- car que la consumación del contrato no puede que- dar fijado antes de que el cliente haya tenido conoci- miento de su error. Y des- cribe tal conocimiento como "la comprensión real de las características y riesgos del producto". En consecuencia, el cri- terio desplegado en la sen- tencia del Tribunal Supremo de 12 enero de 2015, le otorga la trascen- dencia adecuada a cual- quier caso de compra de productos financieros, pues difícilmente aquella persona a la que se lo han comercializado tendrá una comprensibilidad real del verdadero riesgo del producto con la primera liquidación negativa, o percepción negativa, o falta de abono de interés, sin tener en cuenta, además, que evidentemente no es compresible ni tan siquiera previsible por los clientes con esa primera liquidación. En el año 2015 nuestro alto tribunal, en la sentencia ya mencionada, indicó claramente a todos los profesionales del Derecho que hemos de acudir a la interpretación de las normas conforme Derecho Comunitario desde una visión progresista. Eso viene también recogido en nuestro códi- go civil -aviso a navegantes-, en concreto en el artículo 1301 en relación a las acciones que persi- guen la anulación de un contrato bancario o de inversión por concurrencia de vicio del consenti- miento, donde indica que no puede obviarse el criterio interpretativo relativo a "la realidad social del tiempo en que -las normas- han de ser aplicadas atendiendo funda- mentalmente al espíritu y finalidad de aquélla", tal como establece el artículo 3 del Código Civil. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo de los contratos (artículo 4:113). En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinan- tes de la existencia del error en el consentimiento. La excep- ción de caducidad es una suerte de ingeniería legal, con la que las entidades financieras vuelven a intentar sortear las responsabilidades derivadas de sus acciones abusivas. Excepción de caducidad: último truco de las entidades financieras El criterio desplegado por el Supremo otorga la trascendencia adecuada a cualquier caso de compra de productos financieros No puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable POR MARCELINO TAMARGO MENÉNDEZ Director y fundador de Espacio Legal Despacho de Abogados Dispone el artículo 1.301 CC: "La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr en los casos de error, dolo, o falsedad de la causa, desde la consu- mación del contrato". Con esta claridad define nuestro códi- go civil la caducidad de la acción. Sin embargo, llevadas por un ánimo esquivatorio, observamos cómo en los últimos tiempos, muchas entidades intentan desviar la atención de 'algunos jueces y magistrados' llevándoles a opinar que la caducidad comenzará a contar desde que el cliente de la entidad financiera tuvo conocimiento del error. En el año 2015 nuestro alto tribunal, en la sentencia ya mencionada, indicó claramente a todos los profe- sionales del Derecho que hemos de acudir a la inter- pretación de las normas conforme Derecho Comunitario desde una visión progresista. Eso viene también recogido en nuestro código civil, en concreto en el artículo 1301 en relación a las acciones que persiguen la anulación de un contrato bancario o de inversión por concurrencia de vicio del consentimiento. [A fondo] GETTY

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