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Iuris 09 marzo 2018

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70 IURIS&LEX 9 MARZO 2018 E l pasado 30 de diciembre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado una modificación del Reglamento General de Actuaciones Tributarias y de Gestión e Inspección -en adelante RGAGIT-, en la que se ha incluido un nuevo artículo 54.ter, que afecta a la denominada economía colaborativa. Más concretamente, esta nueva norma aproba- da obliga, entre otros, a las plataformas de alquiler de vivien- das de uso turístico a enviar a la Agencia Tributaria, a partir del próximo mes de julio, la información relativa a los propietarios y los clientes. ¿A quiénes afecta? La nueva regulación establece que estarán obligadas las per- sonas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesio- narios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español y, en particular, se considera que tienen la consideración de intermediarios las deno- minadas plataformas colaborativas, que ponen en contacto a arrendador y arrendatario en la cesión de uso de las viviendas. La plataforma colaborativa debe tener, además, la consideración de prestador de servicios de la socie- dad de la información en los términos a los que se refiere la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, con independencia de que presten o no el servicio subyacente objeto de intermediación, o de que se impongan condiciones a los cedentes o cesionarios tales como precio, seguros, plazos u otras condiciones contractuales. ¿Qué se entiende por uso de viviendas con fines turísticos? Se considerará vivienda con fines turísticos cuando nos encontremos ante la cesión temporal de uso de la totalidad o parte de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, cual- quiera que sea el canal a través del cual se comercialice o promocione, y realizada con finalidad gra- tuita u onerosa. No obstante, es importante destacar que quedarán excluidos de la obligación de suministro de información contenida en esta reforma del RGAGIT los siguientes servicios: los arrendamientos de vivienda tal y como aparecen definidos en la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU), así como el subarriendo parcial de vivienda a que se refiere el artículo ocho de la misma norma legal. A su vez, los alojamientos turísticos que se rigen por su normativa específica, con excepción de cesio- nes temporales de uso de vivienda a que se refiere el artículo 5.e) de la LAU, con independencia del cumplimiento o no del régimen específico derivado de su normativa sectorial al que estuviera some- tido; El derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, y los usos y contratos del artícu- lo 5 de la LAU -viviendas de militares, porteros, empleados, guardas, viviendas universitarias, etc.-. ¿Qué información se pretende obtener a través de la nueva obligación? La información a suministrar tendrá que contemplar la identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda -si es distinta del titular de la vivienda- y la de las personas o enti- dades cesionarias. Asimismo, deberá procederse a la identificación del inmueble con especificación de la referencia catastral, en su caso; del número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos y del importe percibido, en su caso, por el titular cedente del derecho. Para completar la regulación normativa de esta nueva obligación debe aprobarse y publicarse en los próximos meses la Orden Ministerial en la que se definirá el modelo a través del cual se dará cumplimiento del suministro de infor- mación, y que entre otras cuestiones ha de regular la forma y plazo para su presentación. ¿Para cuándo está prevista la entrada en vigor? La entrada en vigor de la declaración informativa de la cesión de viviendas con fines turísticos está prevista para el mes de julio y conllevará también la obligación de presentar informes periódicos, con el objetivo de que decla- ren "con más detalle" su actividad, en el marco de las actuaciones que viene realizando el Ministerio de Hacienda en los últimos años para reforzar la vigilancia sobre el alquiler vacacional y en el mayor control normativo sobre las empresas de alquiler de viviendas y vehículos. Esta medida se encuentra enmarcada dentro de los cuatro reales decretos que aprobaron el Consejo de Ministros, que modifican los Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria: el Reglamento de Aplicación de los Tributos, el Reglamento General de Recaudación, el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, el Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, además del real decreto por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente. ¿Será eficaz la nueva regulación? Estamos ante una acción del Estado tendente a controlar la denominada economía colaborativa, que debería permitir, regular y clarificar el desarrollo de la actividad económica de las innovadoras plataformas digitales y que, entre otras cues- tiones, ha de servir para limitar el impacto de la competencia fiscal originada por la escasa regulación específica de la eco- nomía colaborativa. Frente a la amplia y exhaustiva regulación que incide en las actividades que se enmarcan en la denominada economía tradicional. La nueva regulación que afecta a la economía colaborativa La nueva norma obliga a las plataformas de alquiler turístico a enviar a la Agencia Tributaria información de propietarios y clientes La acción del Estado tiende a controlar la 'economía colaborativa', para regular y clarificar la actividad económica de las plataformas POR SOLEDAD ORTOLÁ DOMENECH Gerente Auren Abogados El pasado 30 de diciembre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado una modificación del Reglamento General de Actuaciones Tributarias y de Gestión e Inspección -en adelante RGAGIT-, en la que se ha incluido un nuevo artículo 54.ter, que afecta a la denominada economía colaborativa. Más concretamen- te, esta nueva norma aprobada obliga, entre otros, a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico a enviar a la Agencia Tributaria, a partir del mes de julio, la información relativa a los propietarios y los clientes. La regulación dice que estarán obligadas personas y entidades que intermedien cedentes y cesionarios. Esta medida se encuentra enmarcada dentro de los cuatro reales decretos que aprobaron el Consejo de Ministros, que modifican los Reglamentos de desarrollo de la LGT. Estamos ante una acción del Estado tendente a controlar la denominada 'economía colaborativa', que debería permitir, regular y clarificar el desarrollo de la actividad económica de las innovadoras plataformas digitales y que ha de servir para limitar el impacto de la competencia fiscal por la escasa regulación específica de la economía colaborativa. Frente a la amplia y exhaustiva regulación que incide en actividades que se enmarcan en la denominada 'economía tradicional'. [A fondo] GETTY

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